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Publica Secretaría de Gobernación la Ley de Seguridad Interior

Este 21 de diciembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó el “Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior”.

Esta ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Para ello, define “seguridad interior” como la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

Así, de conformidad con el artículo 4 de la ley en comento, deberá entenderse como amenaza a la seguridad interior las siguientes:

  • La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país.
  • La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
  • El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.
  • El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
  • La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de Derecho internacional.
  • La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.
  • Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional.
  • Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano.
  • Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
  • Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.
  • Actos en contra de la seguridad de la aviación.
  • Actos que atenten en contra del personal diplomático.
  • Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.
  • Actos ilícitos en contra de la navegación marítima.
  • Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.
  • Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia.
  • Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
  • Emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país.
  • Epidemias y demás contingencias de afecten la salubridad general.
  • Las contingencias que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios.

La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las Fuerzas Federales (policías) y las Fuerzas Armadas (militares), en coordinación con los otros órdenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones y competencias, para lo cual, el Presidente de la República podrá ordenar la implementación de acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas sin perjuicio de la comunicación que realice la SEGOB posteriormente (artículo 16).

Un punto importante a destacar de la presente ley es la facultad conferida por el artículo 6 a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, para implementar —sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior—, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, así como la prevista en el artículo 30, en la cual se establece que las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior. En este tenor, las autoridades están facultadas por esta ley para hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Llama la atención que el artículo 7 de la presente ley obligue a las autoridades a que todas sus acciones tendientes a la aplicación de la misma respeten, protejan y garanticen en todo momento y sin excepción los Derechos Humanos y sus garantías.

Asimismo y, con motivo de la próxima jornada electoral, se estableció en el artículo 8 que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Esta ley ha sido muy controvertida, muchas voces especializadas en materia de Derechos Humanos se opusieron a su promulgación e incluso, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, solicitaron al Ejecutivo Federal la vetara por considerar que sólo servirá para militarizar el país.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de personas que se oponían a su publicación, la Ley de Seguridad Interior es ya un hecho y entrará en vigor a partir del 22 de diciembre en todo el país.

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