Costas mercantiles, ¿aplican supletoriamente los criterios en materia civil?

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Costas mercantiles, ¿aplican supletoriamente los criterios en materia civil?

En muchas ocasiones, el impacto económico de las costas judiciales resulta casi tan importante como el de la propia controversia que motivó el juicio, aun tratándose de asuntos mercantiles y civiles en los cuales la legislación mexicana regula su pago en sentido estricto. Por ello, deben definirse los criterios de supletoriedad en los casos en los cuales la tasación sea procedente a criterio del juez.

 

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la contradicción de tesis número 177/2017, relativa a las costas en el juicio mercantil y la normativa supletoria aplicable.

Así, la Primera Sala determinó que tratándose de costas mercantiles, no procede la aplicación de las leyes supletorias al Código de Comercio (CCOM) para resolver en ese tema, cuando el juicio termina por desistimiento realizado luego del emplazamiento.

Las formalidades judiciales contenidas en el CCOM indican que el juicio se sustanciará de conformidad con los procedimientos aplicables al mismo código, las leyes especiales en materia de comercio y, en su defecto, por el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) y, en último término, por el Código de Procedimientos Civiles local.

Asimismo, tratándose de costas judiciales, la legislación mercantil establece que el pago de éstas se hará cuando así lo prevenga la ley o bien, cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

Por lo anterior, la SCJN determinó que en el sistema de prelación de las normas rectoras de los juicios mercantiles deben preferirse, en primer lugar, las convenidas por las partes o, en su defecto, el CCOM y las leyes mercantiles, y la supletoriedad debe ser un criterio de carácter excepcional o extraordinario para la corrección de vacíos legislativos o el complemento de la legislación especial en aquello que resulte necesario para resolver la cuestión puesta a consideración del juez.

Además, ese órgano analizó el hecho de que uno de los requisitos para que opere la supletoriedad consiste en verificar la necesidad de la aplicación de la norma supletoria, para resolver la controversia o el problema jurídico planteado, lo cual significa que si entre las reglas de la ley especial –en este caso, el CCOM–, existe alguna con la cual pueda darse respuesta o solución al problema jurídico, entonces esa disposición debe aplicarse sin acudir a alguna otra ley supletoria, por más que esta última parezca adecuada o específica.

Por otra parte, en el caso específico de las costas judiciales, la Primera Sala estableció que lo previsto en los artículos 1082 y 1084 del CCOM sí ofrece una regla con la cual el juez puede resolver si condena o absuelve del pago de costas en el supuesto en que el juicio concluya con desistimiento después del emplazamiento, y consiste en la que ordena imponer las costas a la parte que haya actuado con temeridad o mala fe.

Finalmente, de acuerdo con el criterio sustentado por la SCJN, el juez que resuelve el juico mercantil tiene la facultad para valorar las circunstancias de cada caso, y es que no podría sostenerse –de antemano– que el que desiste una vez hecho el emplazamiento siempre actúa de mala fe; sin embargo, prevalecen las disposiciones jurídicas en la materia y no existe, por tanto, la necesidad de aplicar la legislación civil de forma supletoria.