¿Tendrá México un nuevo sistema de justicia laboral?

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¿Tendrá México un nuevo sistema de justicia laboral?

En el DOF del 24 de febrero de 2017 se publicó el “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral”, con el propósito de transformar el sistema de justicia laboral para que en lugar de estar a cargo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), sea impartida por el Poder Judicial y así se garantice el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva.

Ese Decreto entró en vigor el 25 de febrero de 2017; sin embargo, para concretar la trasmisión de la impartición de justicia laboral, se concedió al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, para realizar las adecuaciones legislativas correspondientes que les permitieran cumplir con ese mandato.

Transcurrieron los meses sin indicios de una propuesta formal de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y las leyes secundarias que establecerían las reglas del nuevo sistema de justicia laboral, pues fue días antes de que concluyera el Primer periodo ordinario de sesiones del Congreso −para ser precisos, el 7 de diciembre de 2017− cuando los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron ante la Cámara Alta la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de justicia laboral”, y en la cual también se prevén modificaciones a la ley laboral en materia de outsourcing, contratos de prueba y capacitación inicial, así como la posibilidad de convenir el disfrute de días de descanso obligatorio en uno distinto, etcétera.

La Exposición de Motivos de la Iniciativa indica que fue elaborada con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar el Derecho Humano a una tutela judicial efectiva, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo cual las adecuaciones legislativas que plantea preparan un modelo de justicia que privilegia la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos jurisdiccionales y de las sentencias judiciales que de éstos se deriven.

En virtud de que el próximo 1 de febrero iniciará el Segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, y por tanto, quizá los legisladores se enfrenten a una discusión y cabildeo apresurado de la Iniciativa en comento, con la finalidad de aprobarla y cumplir con el plazo constitucional, es sustancial conocer de manera general algunos aspectos destacables de su contenido, pues a medida que avance el proceso legislativo, conoceremos los detalles de cada propuesta, a saber:

1. La conciliación será la instancia prejudicial obligatoria a la que tendrán que recurrir los trabajadores y patrones en conflicto antes de acudir a los Tribunales laborales. Para ello, se plantea crear el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales (IFCRL) como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Este Instituto se encargaría de brindar el servicio público de conciliación, para la solución de los conflictos laborales entre trabajadores y empleadores, individuales o colectivos, en asuntos del orden federal.

A nivel local se constituirán los Centros de Conciliación especializados, imparciales y autónomos en las entidades federativas, que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, y su integración y funcionamiento se determinarán en leyes locales.

En la LFT se propone adicionar un Título Catorce que contendrá los procedimientos de conciliación y de selección de conciliadores que regirán en toda la República Mexicana.

2. Impartición de justicia con un procedimiento laboral mixto. Aprovechando la experiencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) y locales en materia de oralidad, se busca instituir un procedimiento laboral mixto, dividido en dos etapas: (i) escrita, en la cual se fijará la litis, y comprendería los escritos de demanda, su contestación, el desahogo de vista de la demanda, la reconvención, su contestación y desahogo de vista de esta última, y (ii) oral, que se desarrollará en un sistema de audiencias: preliminar, de juicio y de continuación de audiencia de juicio. En esta etapa no se admitirá ni se resolverá ninguna petición que se formule por escrito.

3. Se prevén siete procedimientos especiales, pues debido a las circunstancias sociales y económicas de estos casos deben seguir reglas particulares para agilizar su sustanciación, los cuales son: (i) para la reinstalación o indemnización por despido injustificado o por rescisión de contrato por causas imputables al patrón; (ii) el pago de prestaciones por muerte de los trabajadores; (iii) para la repatriación de buques y aeronaves; (iv) para los conflictos colectivos de naturaleza económica; (v) para la titularidad de contratos colectivos de trabajo y administración de los convenios de los contratos-ley, (vi) el procedimiento de huelga, y (vii) el procedimiento para los conflictos individuales de seguridad social.

4. Se propone incluir en la LFT un título para establecer el procedimiento de registro de organizaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo, convenios de administración de contratos ley y reglamentos interiores de trabajo, cuyas disposiciones deberán atender el IFCRL −como autoridad registral−, las asociaciones sindicales, los trabajadores y los patrones.

La Iniciativa se envió a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, para su análisis, por lo que, una vez que inicien las sesiones del Congreso, es importante estar pendiente de la celeridad que se le dé a su aprobación, pues si es avalada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, previendo que el servicio público de conciliación y registro laboral, así como la tramitación de los procedimientos ante los Tribunales laborales comenzarían hasta el 6 de noviembre del presente año.