Embargo al salario del trabajador para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil

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Embargo al salario del trabajador para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil

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En esta ocasión, ha surgido un tema que el suscrito considera reviste de gran importancia social: la embargabilidad del salario de los trabajadores. Es por ello que, por medio del presente y por la trascendencia del tema, se propone un análisis de la Jurisprudencia por contradicción de tesis que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  con el número de localización 2a./J. 42/2014 (10a.), la cual lleva por rubro SALARIO MÍNIMO

LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE.”,publicada el viernes 13 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación (SJF) en la pág. 712, libro 7, Tomo I, Jurisprudencia en la que la Segunda Sala de la SCJN concluyó que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo.

Por la relevancia del tema, dejaré un poco de lado las tesis sustentantes que le dieron origen, remitiendo el tema a la problemática que representa determinar si es posible que una autoridad jurisdiccional ordene el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador; o bien, si la medida de protección al salario, consistente en su inembargabilidad, es aplicable a su totalidad y no únicamente al salario mínimo, con excepción de los casos expresamente previstos en la ley.

Dicha problemática surge debido a que la fracción VIII, del artículo 123 apartado A, de la Constitución Federal establece a la letra: VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento”, es decir, queda señalado expresamente que la protección al salario se da en torno al salario mínimo, pero no establece expresamente que el excedente de ese salario mínimo sí puede ser embargado.

Por otro lado, tenemos lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que en términos generales establece que el salario de los trabajadores es inembargable, sin constreñir ese mandato sólo al salario mínimo, otorgando por consiguiente una protección más amplia, reproduciéndose el precepto en cita para una mejor comprensión:

Artículo 112.- Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción V.

Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo.”

Para un servidor, se desprende que lo dispuesto en el precepto reproducido no contradice lo consagrado en el artículo 123 de la Constitución Federal, la cual establece una protección mínima, ello justificado en la circunstancia de que la Carta Magna prescribe derechos fundamentales mínimos que el legislador ordinario puede maximizar al crear leyes secundarias, y me atrevo a manifestar que resulta totalmente acorde, al ser una ley reglamentaria de dicho precepto constitucional.

Resulta curioso que uno de los argumentos que refiere la Segunda Sala de la SCJN a efecto de entrar a una interpretación de los numerales 110 y 112 de la LFT, para determinar si la prohibición de embargo que establece el artículo 112 de la LFT debe entenderse como referida sólo al salario que se considera como mínimo o su totalidad (salario mínimo más su excedente), deberemos estar atentos a lo establecido en la exposición de motivos en la parte que interesa, de la cual se advierte lo siguiente:

“La Constitución y la Ley vigente confirmaron la tesis de que los salarios de los trabajadores no están sujetos a descuentos, sino en los casos excepcionales previstos expresamente por la Ley. El artículo 110 reunió las normas que se relacionan con esta prohibición, pero añadió dos excepciones, impuestas por la reglamentación que se hace de la obligación de las empresas de proporcionar habitaciones a sus trabajadores; las excepciones, sin embargo, son relativas, porque los descuentos para pago de rentas o adquisición de las habitaciones, sólo podrán hacerse cuando sean aceptados libremente por los trabajadores.

El artículo 112 se ocupa de la protección del salario en contra de los acreedores del trabajador, a cuyo efecto prohibe los embargos, salvo que se trate del pago de deudas alimenticias decretado por la autoridad competente en beneficio de la familia del trabajador. Al consignar esta excepción, se tomó en consideración que el salario tiene como fin la satisfacción de las necesidades de la familia.”

 

Énfasis añadido

A juicio del suscrito, es claro que se está protegiendo la integridad del salario del trabajador, pues no distingue que sólo sé de la inembargabilidad del salario mínimo, sino que inclusive es tajante al establecer que solo se pueden efectuar descuentos al salario en los casos expresamente previstos por la Ley, por lo que no da lugar a interpretación alguna, pues los casos expresamente previstos se encuentran en el numeral 97, 110 así como en el mismo 112 de la LFT, considerando aplicable al caso concreto el principio general de derecho Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir).

Sin embargo, nuestro máximo Tribunal señala que de dicha exposición de motivos no se advierte claridad respecto de si la prohibición de embargo debe abarcar la totalidad del salario o sólo se refiere al mínimo, lo cual implicaría la susceptibilidad de embargo en lo tocante a la parte que resta (al excedente del mínimo), y comienza a realizar raciocinios,  apoyado en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Protección del Salario, por lo que determina que el excedente del salario mínimo SÍ es susceptible de embargo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente; conclusión a la que arriba argumentando que debe entenderse que la prohibición de embargo al salario del artículo 112 de la LFT, se encuentra referida -en principio- al monto correspondiente al salario mínimo, y que en consecuencia, la ausencia de obligación para el patrón en relación con una orden de embargo (judicial o administrativa) también sería aplicable -prima facie- sólo cuando tal orden se dirigiera o incluyera el monto correspondiente al salario mínimo.

Este criterio adoptado por la Segunda Sala de la SCJN no es compartido por el suscrito, en virtud de que en primer lugar, atendiendo a una lógica jurídica, no encuentro motivación y fundamentación en la forma en que determina el porcentaje, pues tratando de justificarlo alude a lo estipulado en la fracción I del artículo 110 de la LFT, que establece, respecto de las deudas que adquieren los trabajadores con el patrón, como límite del descuento que puede realizarse el 30% sobre el excedente del salario mínimo, lo cual es claro que regula una hipótesis en concreto, y que tiene una finalidad en especifico, deduciendo que el legislador claramente plasmó los únicos supuestos en que es procedente el descuento o embargo del salario del trabajador, no dando lugar a interpretación alguna, por lo que inclusive me atrevo a cuestionar, ¿entonces debería de aplicar de igual forma el resto que se estipula en la fracción en comento, respecto de que la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes?

De todo lo anterior, considero, que la disposición prevista en el artículo 123, fracción VIII, constitucional debe interpretarse en sentido estricto y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 112 de la LFT, conforme al cual, los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, lo que implica en toda la integridad del salario, sin que sea dable distinguir si se trata del mínimo o no, pues aunque se den diversas denominaciones al estipendio, ello no significa que cuando el salario sea superior al mínimo puedan efectuarse descuentos sobre ese excedente, pues la LFT no lo previene así, ya que los artículos 110 y 112 se refieren a los salarios en general.

Por ello, la fracción VIII del artículo 123 constitucional no debe interpretarse en el sentido de que, como están prohibidos los descuentos o embargos, tratándose del salario mínimo, cuando su monto sea superior sí pueden efectuarse tales descuentos o embargos.

La propia LFT, reglamentaria del precepto constitucional en comento, en su numeral 97, permite el descuento, inclusive, a los salarios mínimos, en las diversas hipótesis que allí se establecen, entre ellas, en tratándose de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente. Interpretación que obedece a que el legislador trató de proteger los intereses patrimoniales de los trabajadores contra los actos de su patrón o de cualquier otra persona con la que los obreros hayan contraído deudas u obligaciones personales, a efecto de impedir por dicho medio que se vean privados de sus ingresos, que se traduce en alimentación suya y la de su familia.

De lo anterior se colige que el salario que corresponde a los trabajadores no es susceptible de embargo, por más que la orden provenga de la autoridad judicial, pues inclusive el patrón puede oponerse a su cumplimiento, con fundamento en los preceptos legales aquí multicitados.

No pasa desapercibido el argumento de nuestro máximo Tribunal, referente a que hay  que atender aspectos de la realidad económica, como el “… consistente en la diversidad de ingresos que pueden recibir los trabajadores, pues si bien es importante proteger el salario para que los empleados de bajos ingresos no vean en peligro su derecho al mínimo vital ante la posibilidad de ejecución de sentencias relacionadas con deudas contraídas con terceros, lo cierto es que también existen los casos de altos ejecutivos o trabajadores de elevados ingresos que pueden utilizar una prohibición total de embargo al salario, como una estrategia de evasión del cumplimiento de sus obligaciones…”, pero acaso ¿no es congruente que esos altos ejecutivos deben tener un patrimonio con el cual responder a sus obligaciones, más allá de su salario?

 

Considero que nuestra legislación civil y mercantil contemplan los suficientes caminos legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de todo deudor, por lo que embargar el salario es atentar contra un derecho fundamental, así como contra la voluntad del pueblo plasmada en nuestra LFT a través del Legislador al haber establecido los únicos supuestos en que el salario puede ser embargable.